La legalización de la marihuana en México y los Derechos Humanos

Andrea Martínez[1] | Tiempo estimado de lectura: 3 min.

México es uno de los países más rezagados en materia de regulación de la marihuana, a pesar de que tiene potencial para convertirse en el mercado legal más grande del mundo. Por esta razón, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, calificó el 28 de junio como “día histórico para las libertades la consolidación del libre desarrollo de la personalidad en el uso recreativo del cannabis”.

Lo anterior porque ocho ministros votaron a favor y tres en contra —es decir, la mayoría calificada del máximo tribunal del país— de revocaron la prohibición de la marihuana con fines recreativos. Con esto, se invalidan cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíbe el uso lúdico de la cannabis en México.

No obstante, aún falta que la Secretaría General de Salud autorice la siembra, cosecha, transporte y consumo de la marihuana, al mismo tiempo, el Congreso de la Unión debe legislar adecuadamente sobre ello. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe redactar los lineamientos “para la adquisición de semillas y precisar que el consumo de esta droga no puede hacerse afectando a terceros ni en lugares públicos donde el resto de personas no haya dado su autorización”[2].

Por si fuera poco, falta que todo lo anterior se publique en el Diario Oficial de la Federación, para que la Secretaría de Salud entregue los permisos a los consumidores. Hasta la fecha, para que los usuarios tengan acceso a la planta, es necesario que tramiten un amparo, lo que ha sido catalogado como una medida discriminatoria, porque no todos los ciudadanos cuentan con los recursos jurídicos para hacerlo.

Lo anterior es un deja vu de lo escrito por el magistrado Fernando Silva García en su libro Marihuana y derechos (Biblioteca Jurídica Porrúa, 2019) https://bit.ly/3qKJGW4, donde realiza un análisis de los amparos que solicitó la Cofepris contra el uso lúdico de la marihuana, así como de las consecuencias de su criminalización (como son desplazamientos forzosos, corrupción, impunidad, violencia, etc.).

El autor confronta la política prohibicionista con una serie de exigencias constitucionales, las cuales han permitido que el monopolio de esta planta sea de las organizaciones criminales y haya violaciones a los derechos humanos, tarea que hoy por hoy debe regular el Congreso, la Secretaría de Salud, el Código Penal y la Cofepris.  

En medio de las distintas posturas parlamentarias con respecto a la legalización de la marihuana, Silva García propone un análisis constitucional muy parecido al que se aprobó en la SCJN, sobre el uso lúdico de esta controvertida planta. A partir de ello surge este libro, que contiene una visión alternativa a la postura conservadora de muchos miembros de las cámaras de diputados y senadores, sobre todo, en el tratamiento interpretativo del libre desarrollo de la personalidad, que hoy ha dado un giro inesperado.

[1] Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado crónica y artículos en los suplementos RSVP y Pimienta del periódico Excélsior. Es redactor del Boletín Jurídico Porrúa y colaborador del área de Comunicación y Relaciones Públicas de Grupo Porrúa.

[2] Morán Breña, Carmen. (28 de junio de 2021). La Suprema Corte da vía libre al uso recreativo de la marihuana en México. El País. Recuperado de https://porrua.mx/blog/diversidad-sexual-y-los-criterios-de-la-scjn.html