Ley Nacional de Ejecución Penal

La Ley Nacional de Ejecución Penal. Anotada y concordada busca ofrecer a los actores del sistema penal herramientas concretas para el ámbito de la ejecución y constituye fecunda labor de intercambio entre operadores y académicos. La reforma e implementación en la esfera federal del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la distribución de competencias jurisdiccionales, en consonancia con la garantización de los principios de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan el marco sustancial en el que se ha inscrito la sanción de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual se ha comentado y complementado con el propósito de brindar un esquema de análisis coherente y práctico, contribuyendo a la accesibilidad de la justicia. En la exposición de motivos, la propia Ley señala que la “promulgación de una ley única en materia de ejecución penal constituye una oportunidad para establecer los parámetros para la gobernabilidad de los centros de privación de la libertad en un Estado de Derecho, garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para las personas”. Así se destacan tanto el principio de humanidad de las penas como el de control jurisdiccional de la ejecución penal. Se ha sostenido, pues, que es “responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones, de las personas que la viven, que aquellas que la ley establece, o que sean consecuencia de la resolución judicial propiamente. Es deber del Estado tratar justamente y respetar su dignidad humana. Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en virtud de una sentencia, colabora con su reintegración a la sociedad una vez cumplida ésta”. La obra finaliza con una selección de normas sistematizadas y la remisión a los estándares internacionales en la materia (reglas Mandela), así como con la inclusión de un directorio de servicios y organismos referenciales que permitirán a los litigantes allanar la tarea cotidiana.