La investigación ministerial previa

El sistema jurídico de procuración de justicia en México está cargado de deficiencias; es urgente revisión, su análisis y la introducción de nuevos mecanismos que permitan una adecuada realización de la justicia; no es sano seguir manteniendo la procuración de justicia sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo y bajo esquemas que favorecen la parcialidad y la mediocridad. La presente obra del distinguido jurista Jesús Martínez Garnelo constituye una significativa aportación para la reestructuración de la administración de la administración de justicia; se incorpora a la dinámica científica del derecho y a la permanente tarea de adecuar la legislación a los valores, principios y contenidos del derecho como ciencia para la generación de las instituciones que demanda la convivencia humana. La obra La Investigación Ministerial Previa del doctor Martínez Garnelo constituye en sí misma un proyecto doctrinal para un nuevo sistema de procuración de justicia. Sus contenidos son novedosos, no entran en el vicio o esquema de la investigación jurídica tradicional de reproducir contenidos ya expuestos. La experiencia del magistrado Jesús Martínez Garnelo en la tareas académicas y jurisdiccionales queda inserta en esta obra sistematizada en ocho apartados que entrelazan las reflexiones sobre la investigación ministerial previa, incluye también los conceptos generales más aplicables; entre los cuales destacan la descripción del tipo penal, su núcleo, sus elementos, los sujetos, el objeto, la conducta típica, la culpabilidad, causas de justificación, circunstancias atenuantes, excusas absolutorias, requisitos de procedibilidad y perseguibilidad, etcétera. También incluye el autor dentro del formulario un catálogo de ilícitos que clasifica en ilícitos contra la vida, en delitos contra la integridad corporal, delitos contra la libertad sexual, delitos patrimoniales, delitos contra la familia, delitos de peligro, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra la seguridad pública, delitos cometidos por servidores públicos, delitos contra la moral pública y las buenas costumbres, delitos de revelación de secretos, delitos de la privación ilegal de la libertad y otras garantías, delitos de responsabilidad profesional.