Propuesta de reforma a la ley de pensiones: la utopía que no será
Jorge Andrea Martínez [1]
La propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 22 de julio, “no mejora el tema pensional”, dice el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A pesar de que el jefe del Ejecutivo dijo que “después de esta reforma se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%”, el doctor Ruiz Moreno encuentra varios matices en detrimento de los trabajadores y de las MIPYMES, que aportan el 52% del PIB.
El doctor Ruiz Moreno —Académico de la Universidad de Guadalajara, investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y autor de la obra “Nuevo Derecho de la Seguridad Social” (Biblioteca Jurídica Porrúa, 2018)— opina que la propuesta presidencial, punto de partida de esta entrevista, está muy lejos resolver el problema de las pensiones.
¿Cómo ve el futuro de los trabajadores, de aprobarse la propuesta de reforma al sistema de pensiones?
Opino que se trata de una reforma que no es estructural, muy segmentada y bastante corta, más de corte político que legal y respecto de la cual puedo anunciar que carece de un sustento matemático actuarial y para colmo está planeada en Unidad de Medida de Actualización (UMA's) y no en Salarios Mínimos.
Eso sí, celebro que se recorte el periodo de espera en semanas de cotización, reduciendo de mil 250 semanas (24 años) a 750 (15 años) el derecho de acceso a la pensión, que supongo sería para todos, y que se enfoca en ayudar a los más pobres. No obstante, el sistema pensionario mexicano seguirá igual y al final de la historia las únicas ganadoras serán las AFORE —que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso desaparecer a inicios de 2019—, porque continuarán operando y seguirán cobrando comisiones.
¿Cuál considera que sea el cambio más relevante de esta propuesta que reformaría el sistema de pensiones?
La propuesta está muy lejos de resolver el complejo problema pensionario de México y su costo quedará a cargo solamente de los patrones, que subirán su aportación del 5.15% del salario base de cotización, al 13.875% en 8 años, que necesariamente impactará en el costo de la nómina, lo que motivaría que las micro y pequeñas empresas cierren creando mayor desempleo. El Gobierno federal sólo se reenfocará en los niveles de menor ingreso, dejando al resto de asegurados sin el aporte de cuota social para pensiones.
Según Carlos Aceves del Olmo, los alcances de la propuesta de reforma no son suficientes. Usted ¿qué piensa que podría hacer falta?
Estoy de acuerdo con el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en que sus alcances no son suficientes; si se sumó a este proyecto es porque el sector sindical no aportará un centavo más con esta propuesta de reforma, pero debería hacerlo. La propuesta no mejora el tema pensional porque se centra en solo dos tipos de pensiones: cesantía en edad avanzada y vejez.
¿Cree que, de aprobarse esta propuesta de reforma, se daría pie a un nuevo contrato social?
De ninguna manera habría un nuevo pacto social si sale adelante este proyecto de reforma, cuyo autor (Carlos Salazar Lomelín), ha reconocido públicamente que sólo beneficiaría a un segmento poblacional, lo cual es un discrimen que prohíbe el quinto párrafo del artículo 1º de nuestra Constitución Política federal. Pienso que la seguridad social debería ser universal, cubierta solidariamente vía impuestos generales y que cubra sin distingos a todos los habitantes del país, lo que debería ser utilizado a través del Piso de Protección Social de la OIT.
¿Cuáles serían los posibles problemas a las MIPYMES, en el contexto del Covid-19, de aprobarse esta iniciativa?
Para las MIPYMES será fatal un incremento así. Seguramente decenas de miles de ellas cerrarán y, en esta complicada era COVID-19, debemos recordar que el 95% de las empresas son microempresas (de 1 a 10 trabajadores) y que las MIPYMES, según estadísticas del INEGI de 2019, aportan el 52 % del PIB y representan el 72% de los empleos formales del país. Por cierto, en México, el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en el sector informal de la economía que carece de seguridad social.
[1] Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado crónica y artículos en los suplementos R.S.V.P. y Pimienta del periódico Excélsior. Es redactor del Boletín Jurídico Porrúa y colaborador del área de Comunicación y Relaciones Públicas de Grupo Porrúa.
